Rechazar y prohibir expresamente cualquier acto de corrupción en sus operaciones, tales como soborno o cohecho, tráfico de influencias, colusión, y la comisión de delitos como el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, de una manera negligente o voluntaria, tanto de sus colaboradores como de cualquier tercero u otro, que pueda representar o actuar en su nombre, con relación a un funcionario u organismo público o a una persona u organización privada.